Algunas puntualizaciones sobre el caso de Los Tres Brazos

La venta de los terrenos donde se encuentra ubicada la comunidad de Los Tres Brazos ha generado una importante e intensa discusión pública en los últimos días. En un hecho sin comparación, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (en lo adelante CORDE) vendió en el año 2010 dichos terrenos a una empresa privada, no obstante estar los mismos ocupados por miles de familias durante décadas. No importa la finalidad que el Director de CORDE identifica como motivo de la operación[1], lo cierto es que se produjo la venta de los terrenos.

Las implicaciones legales, sociales y económicas que rodean esta operación son bastantes. En el presente artículo me limitaré a analizar sólo aspectos legales, y dentro de dichos aspectos solo algunos vinculados con hechos previos a la venta de los terrenos. Sé que hay bastante interés de generar una discusión sobre la naturaliza jurídica del CORDE y la obligación o no de someterse al requerimiento de aprobación constitucional para la enajenación de bienes, de conformidad con las prerrogativas que aparentemente le otorga la Ley que lo crea. Asimismo, sobre las implicaciones que en términos de obligaciones se derivan de los propios contratos de venta y que, según el propio Director de CORDE, aparentemente han sido violadas (dentro de estas violaciones la venta de los terrenos a precios superiores a los fijados por la Dirección de Catastro). No obstante la gran relevancia de estos puntos y otros que posteriormente trataré de abordar, por el momento enfocaré mi atención a la cuestión que a seguidas indicaré.

CORDE fue creada mediante la Ley No. 289 del año 1966. Según el artículo 2 de esta Ley, CORDE tenía por objeto administrar, dirigir y desarrollar todas las empresas, bienes y derechos cedidos por el Estado u otra institución estatal, semiestatal o privada, o adquiridas por la misma como organismos independientes, con la finalidad de incrementar el patrimonio del Estado. En esencia, se trata de una Corporación creada a fin de administrar las empresas que pasaron al Estado dominicano como consecuencia de la caída de la dictadura de Trujillo y que, por tanto, pasaron a ser empresas públicas.

Dentro de las empresas administradas por CORDE se encontraba la Sociedad Comercial Dominicana Industrial de Calzados, C. por A. Esta empresa figuraba como propietaria de parte de los terrenos de Los Tres Brazos que fueron vendidos a una empresa privada, específicamente lo que era la Parcela No. 153-A-2 del Distrito Nacional, de conformidad con el contrato suscrito por el mayor monto (RD$72,000,000.00). En dichos terrenos se produjeron asentamientos humanos posteriormente al paso del Ciclón David (1979), constituyéndose en lo que hoy conocemos como Los Tres Brazos.

Resulta que en el año 1997 se promulga la Ley No. 141-97 sobre Reforma de la Empresa Pública, fundamento legal del proceso de capitalización de las empresas públicas desarrollado durante el primer gobierno peledeísta. Dentro de las empresas públicas sujetas a este proceso de reforma estaban todas las empresas que integraban a CORDE. La Ley creó una Comisión de Reforma de la Empresa Pública como entidad responsable del proceso de reforma y transformación, con poder jurisdiccional sobre todas las empresas sometidas a la misma, por lo que, evidentemente, las potestades reconocidas al CORDE por su Ley quedaron limitadas.

La principal modalidad de reforma prevista por la Ley fue la de la capitalización, desarrollada a través de un proceso contentivo de una fase de pre-calificación del inversionista privado y una fase de selección de conformidad con una licitación pública internacional. Por otro lado, la Ley previó otras modalidades de reforma para los casos en los cuales no fuera posible la capitalización. En dicho sentido, el artículo 16 estableció la modalidad de concesión, la modalidad de transferencia de acciones y/o activos y la modalidad de venta de activos. Para todas las modalidades de reforma la Ley requería una auditoría patrimonial previa contratada a través de una licitación pública internacional a fin de determinar la situación de las empresas.

Según el párrafo II del artículo que establece las modalidades de reforma distintas a la capitalización, en caso de que las modalidades escogidas fueran de transferencias de acciones y/o activos o de venta de activos, aplicaría el artículo 55, inciso de 10 de la Constitución vigente al momento de la promulgación de la Ley. Este artículo establecía la obligación constitucional de someter a aprobación congresual la enajenación de determinados bienes. Actualmente dicha obligación se encuentra en el artículo 128.2.d.

De conformidad con las memorias de la Comisión para la Reforma de la Empresa Pública, titulada “Reforma de la Empresa Pública: un camino al desarrollo y a la modernidad”, diversas empresas sujetas al proceso de reforma fueron consideradas como cerradas y sin vocación operativa.[2]  Dichas empresas fueron divididas en distintos grupos y dentro de las mismas fue identificada la Sociedad Comercial Dominicana Industrial de Calzados, C. por A.

La Comisión para la Reforma de la Empresa Pública contrató las auditorías patrimoniales previstas por Ley y, posteriormente, determinó que como consecuencia de la situación del grupo de empresas donde se ubicaba la Sociedad Comercial Dominicana Industrial de Calzados, C. por A., la modalidad aplicable a la misma era la de venta de activos y/o acciones. Por esta razón solicitó al Poder Ejecutivo la autorización para proceder con dicha modalidad, y mediante Decreto No. 533-99 la misma se produjo. Con esto se daba cumplimiento al artículo 12 de la Ley que obligaba a que el Poder Ejecutivo emitiera una autorización para agotar la modalidad a desarrollar.

La finalidad que según las Memorias se les daría a los bienes de estas empresas serían principalmente dos: el traspaso a CORDE  de los inmuebles a fin de que sirvieran como dación en pago frente a deudas contraídas con el Banco de Reservas y el traspaso de los bienes muebles útiles al Estado dominicano a fin de que fueran aprovechados por la distintas instituciones. Para el primer caso, los accionistas de las empresas nombraron un Comité de Liquidadores que posteriormente transfirió a CORDE todos los activos y pasivos mediante un Convenio de Transferencia suscrito en el año 2000. Para el segundo caso, CORDE suscribió un Convenio de Transferencia con Bienes Nacionales, mediante el cual le transfirió los bienes muebles y maquinarias. [3]

Lo curioso de la información ofrecida en las memorias es que se enuncia constantemente la obligación de agotamiento del procedimiento de aprobación constitucional para la modalidad utilizada para este tipo de empresa, pero no se hace referencia a alguna a la Resolución del Congreso Nacional que habría satisfecho dicha obligación. Todo parece indicar que dicha Resolución nunca se produjo, ni al momento de transferir los inmuebles a CORDE, ni al momento de éste hacer la venta que ha causado tanto revuelo en la opinión pública.

El párrafo II, artículo 16 de la Ley No. 141-97 sobre Reforma de la Empresa Pública, es claro al establecer que sí se adoptaba la modalidad de la transferencia de acciones y/o activos o la modalidad de la venta de activos, debía proceder de conformidad con el artículo 55, inciso 10 de la Constitución entonces vigente, que requiere la aprobación del Congreso Nacional. Al adoptarse la modalidad de transferencia de acciones y/o activos para el caso de la Sociedad Comercial Dominicana Industrial de Calzados, C. por A., existía la obligación legal de someter a la aprobación del Congreso Nacional dichas transferencias.

Lo anterior revela un vicio de procedimiento serio que necesariamente afecta la validez de las transferencias. Aquí no se trata, como pretende el Director de CORDE, de discutir si constitucionalmente es requerido o no el procedimiento de aprobación congresual dada la naturaleza jurídica de los entes públicos envueltos. De todas formas un acto legislativo establece de manera directa y clara la obligatoriedad del agotamiento de dicho procedimiento. Por tanto, el Estado dominicano está en toda la condición de ejercer las acciones judiciales correspondientes a fin de procurar la anulación de los actos que han producido la situación jurídica actual y con ella la grave situación social que afecta a la comunidad de Los Tres Brazos.

Es deber de todos los ciudadanos empujar hacia este camino.


[1] El Director de CORDE ha querido justificarse sosteniendo que no ha producido una venta del barrio, sino simplemente el traspaso de la gestión de deslinde y subdivisión a fines de que una empresa privada pueda desarrollar el proceso de titulación y proceder con la venta de los terrenos ocupados por las distintas familias. Sin embargo, lo cierto es que a tal fin se produjo el traspaso de los terrenos a la empresa privada, l que no puede calificarse de otra manera que no sea de venta.

[2] Página 287 de las Memorias. Disponibles en versión digital en el siguiente link: http://fonper.gob.do/historia-crep.pdf

[3] Ibdídem, pp. 294-295.

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Jaime Rodríguez

Mocano. Licenciado en Derecho, con especial interés por el Derecho Constitucional. Colaborador de la Fundación Juan Bosch y La Fundación Máximo Gómez.

El Grillo

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