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Explotación minera y represas siguen vulnerando derecho al água en las Américas

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Vía: Adital.

Organizaciones de la sociedad civil llaman la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la creciente presión sobre los recursos naturales para el desarrollo de actividades extractivas. Entre las que se destaca la construcción de represas y la explotación minera en las Américas. Lo hicieron en una audiencia en la que evidenciaron que dicha situación ha tenido como consecuencia la sistemática violación del derecho al agua en la región.

“Hemos identificado cuatro patrones que caracterizan esta problemática: el uso de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del recurso hídrico para proyectos extractivos; la apropiación del recurso que favorece su empleo para proyectos extractivos por encima del uso y consumo humano; la contaminación y deterioro de las fuentes hídricas; y la ausencia de consulta y consentimiento previos, libres e informados en la implementación de esos proyectos”, explica María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida).

Las organizaciones presentan casos de apropiación, contaminación y daño irreversible de fuentes hídricas a causa de la implementación de proyectos extractivos. Esta situación además de afectar el derecho al agua, vulnera otros derechos como la salud, la vida digna, la integridad, el medio ambiente sano, la alimentación y la cultura, de personas y comunidades que se encuentran en el área de influencia directa de los proyectos. Estas no fueron consultadas, así como aquellas que se encuentran distantes y que dependen de dichas fuentes para su subsistencia. Dichos casos han sido documentados extensamente en un informe que fue entregado a la CIDH.

Las organizaciones señalan además la ausencia de medidas efectivas para que los Estados de la región garanticen el derecho al agua y por el contrario sobre la existencia de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del agua para proyectos extractivos sobre el uso y consumo humano. Las organizaciones ejemplifican la insuficiencia de los mecanismos nacionales para controlar y supervisar la actuación de las empresas a cargo de proyectos extractivos, situación de la que derivan graves violaciones de derechos humanos.

“Hemos constatado la contradicción de los Estados en su obligación de proteger y garantizar el derecho al agua, el cual ha sido incorporado en sus Constituciones y legislación. Sin embargo, entregan preferentemente ese recurso a las empresas, negándole el derecho al agua a las comunidades”, afirma Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (Eric-SJ), de Honduras.

Finalmente, las organizaciones solicitan a la Comisión, entre otros, que: reafirme a nivel regional el reconocimiento del agua como un derecho humano; considere la importancia del agua como elemento fundamental del derecho al ambiente sano, reconocido en los instrumentos interamericanos; recuerde la obligaciones de los Estados de proteger los derechos al agua y a un ambiente sano ante cualquier actividad extractiva o de infraestructura; resalte la obligación de los Estados de controlar efectivamente las actividades que puedan afectar el derecho al agua, incluyendo las de empresas que operan dentro de su territorio y las de empresas nacionales que operan en el extranjero; y recuerde a los Estados la importancia de la consulta y consentimiento previo, libre e informado ante la implementación de cualquier proyecto.

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