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Guatemala: Financiamiento privado de campaña genera un Estado marcado por la corrupción

El sistema electoral de Guatemala mantiene hoy las puertas abiertas al financiamiento ilícito de partidos políticos, muchas veces mantenidos con recursos que se originan en grupos criminales. El alerta es de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) del país, que acaba de lanzar el informe “El financiamiento de la política en Guatemala”. El documento explica de qué manera la relación entre el dinero y las siglas políticas moldean un Estado corrupto y prioritariamente de interés privado.

Con la presencia de representantes de diversos sectores de la sociedad guatemalteca, en la capital, ciudad de Guatemala, el pasado 16 de julio la CICIG abordó la relación entre dinero y política, el sistema político-electoral del país y sus canales de financiamiento. Una de las conclusiones del estudio es que ese contexto se caracteriza principalmente por la falta de transparencia y por la ilegalidad, en torno de una finalidad común y compartida entre varias instancias: el enriquecimiento propio.

Según la CICIG, un enmarañado de instituciones, empresas constructoras, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otros tipos de entidades canalizan recursos con destino a campañas electorales y políticas. El objetivo es obtener favores en la destinación de los recursos públicos.

Así, se constata que en muchos casos la capacidad de influir en las decisiones públicas es directamente proporcional a los recursos que personas y/o grupos de interés pueden movilizar. “Esto abarca desde influir en políticas económicas (…) hasta procesos judiciales”, señala la Comisión.

El financiamiento privado, alerta la CICIG, opera en torno de dos motivaciones: pragmática e ideológica. La primera respondería al interés de obtener beneficios directos de los recursos públicos y se ve en las elecciones una oportunidad para asegurar futuros negocios, considerando al candidato como una inversión. Poco regulada y obscura, este tipo de operación genera riesgos directos a la democracia en el país.

De acuerdo con el documento, el 25% del financiamiento de la actividad política proviene de estructuras delictivas, sobre todo del narcotráfico. Otros 25% se originan en el sector privado y los 50% restantes proceden de instituciones estatales. “Los recursos públicos financian la política, pero por la vía de la corrupción”, afirma el jefe de la CICIG, Iván Velásquez. “El crimen organizado está directamente vinculado. Son estructuras dedicadas al narcotráfico que han penetrado la política y la institucionalidad pública mediante el financiamiento de campañas electorales”, agrega.

La entidad señala que una cuestión que agrava todavía más ese cuadro es la impunidad electoral. La ausencia de denuncias, investigaciones, capturas, juzgamientos y resoluciones que penalicen a los involucrados en ese tipo de delito es responsable de que del 95% al 100% de los casos no reciban ningún castigo.

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En el informe se alerta sobre la estructuración del Estado en torno del interés privado. Foto: Reproducción.

Para Velásquez, hay un riesgo para el orden social de que las personas que concentran el poder económico posean también el poder político, organizando el Estado en torno de personas y no de proyectos. En ese sentido, propone la realización de campañas electorales por un período más corto de tiempo y que movilicen menos recursos financieros, apoyado por una reforma en la Ley Electoral y de Partidos Políticos presentada por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Además de esta reforma, la CICIG recomienda que se deben limitar las campañas electorales, reducir el financiamiento privado y fortalecer la coordinación institucional del sistema electoral.

Para Catarina Soberanis, coordinadora de la Unidad de Análisis Estratégica del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), el informe de la CICIG contribuye a desentrañar algunas de las causas del incumplimiento de las responsabilidades del Estado para con la sociedad. “Demuestra la forma en que el financiamiento político estimula procesos colectivos y el desvío de los recursos del Estado hacia intereses particulares en detrimento del bien común”, afirma.

Vía: Adital. Por: Marcela Belchior.

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