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Proponen medidas de justicia fiscal contra desigualad de RD y el mundo

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Oxfam, el Movimiento Justicia Fiscal, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad invitaron al Gobierno y a la sociedad dominicana a sumarse al reclamo de un sistema tributario más justo y  a la demanda de un gasto de calidad, para garantizar los derechos de las personas y reducir la desigualdad. Esta invitación se realiza en el marco de la Semana de Acción Global por la Justicia Fiscal, a celebrarse del 16 al 23 de junio de 2015.

Las organizaciones anunciaron que sindicatos, organizaciones sin fines de lucro  y organizaciones de diversa índole en todo el mundo traspasarán fronteras y se unirán  a la Semana de Acción Global por la Justicia Fiscal para hacer un llamamiento en favor de una financiación sostenible que garantice los servicios públicos básicos.

Los colectivos entienden que es necesario aumentar la presión pública de manera que los gobiernos de todo el mundo, que se reunirán en Adís Abeba (Etiopía) del 13 al 16 de julio en la Cumbre de Financiación para el Desarrollo (FFD3), se comprometan a impulsar un sistema fiscal internacional en el que las grandes empresas paguen los impuestos que le corresponden. De manera que la evasión fiscal deje de impedir que se cumpla el derecho de acceso a servicios públicos gratuitos y de calidad para la población, especialmente para las personas más empobrecidas.

A través del proceso de Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional están impulsando el establecimiento de un nuevo organismo fiscal mundial en el que participen en igualdad de condiciones todos los países. Este organismo deberá contar con recursos necesarios para cumplir con el mandato de reformar la tributación internacional de las empresas a fin de evitar la evasión y elusión fiscal y garantizar la cooperación fiscal entre Gobiernos.

Como punto de partida para la discusión, Oxfam, Justicia Fiscal, Ciudad Alternativa y la Fundación Solidaridad comparten las siguientes preguntas y posiciones:
¿Cómo se encuentra la justicia fiscal en República Dominicana?

A pesar de un desempeño económico sobresaliente, evidenciado en un crecimiento promedio anual de 5.7%, calculado a partir de los datos del Banco Central, el país exhibe una baja capacidad para que las personas mejoren sus ingresos y nivel de vida. Persisten altos niveles de pobreza e indigencia, resultando casi imposible mejorar los indicadores de desigualdad. Este hecho queda demostrado por las evaluaciones del gobierno a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Las grandes riquezas producidas en nuestro país se concentran en grupos cada vez más pequeños sin que existan políticas públicas que luchen contra ello.

Por el lado de los ingresos

¿Por qué este llamado? Los ingresos tributarios del Estado Dominicano descansan en gran medida en impuestos indirectos; es decir, se grava el consumo sin tomar en cuenta el nivel de ingreso de las y los contribuyentes. En promedio, entre 2012 y 2013 el 56% de los ingresos tributarios provinieron del consumo de mercancías y servicios como comida, ropa, agua y otros artículos de los que nadie puede abstenerse. Es decir, implican al 100% de la población. Del restante, un 32% provino de impuestos al ingreso. Apenas un 5% y 7% provinieron de impuestos a la propiedad y al comercio exterior, respectivamente.

¿Y esto por qué nos importa?
Veamos. Bernarda gana el salario mínimo. Esto no le alcanza ni para adquirir la canasta básica familiar. Ella paga 23% de sus ingresos de impuestos, mientras que Víctor, gerente de una gran empresa, gana para cubrir sus gastos básicos, ahorrar, pasear y viajar, paga solo el 15% de sus ingresos en impuestos. Es decir, con el sistema tributario actual quien menos gana es quien mayor proporción de sus ingresos paga de impuestos. Ese nivel de regresividad que coloca una carga impositiva mayor a quienes menos ingresos reciben y constituye un retroceso en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Del otro lado: los gastos
La inversión social en República Dominicana se encuentra por debajo de la media de los países de Latinoamérica y el Caribe. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en los países de la región la inversión social pasó del 13% en 1991-1992, al 15% en el período 2001-2002 y al 19% en el período 2011-2012, expresado en porcentajes del PIB. En RD el gasto social para el año 2014 apenas representó el 8% del PIB.

¿Cómo es posible combatir la pobreza y la desigualdad en un contexto de tributación regresiva y escasa inversión en las políticas públicas claves para lograr que la ciudadanía ejerza derechos fundamentales y pueda mejorar su calidad de vida?

El llamado: una Acción Global por la Justicia Fiscal
Ante el contexto antes descrito, convocamos a la población dominicana a sumarse y participar activamente en la Semana de la Acción Global por la Justicia Fiscal, y exigir al Gobierno:

A nivel internacional, que participe en el debate de las reglas fiscales internacionales ya que un volumen importante de recursos públicos que se podrían captar de las grandes empresas se pierde por los agujeros del sistema fiscal internacional.

A nivel nacional, que se comprometan a crear y apoyar sistemas fiscales nacionales progresivos y eficaces que permitan financiar programas sociales redistributivos que acaben con la desigualdad.

El Estado está llamado a jugar un rol determinante en materia de redistribución y para lograr este propósito es necesaria la implementación un sistema tributario justo y equitativo, en donde paguen más quienes ganan más tienen y se garantice que el presupuesto se invierta en políticas que respondan a las necesidades reales de la población.

El llamado es claro: los ricos que paguen por la riqueza que absorben; el Estado que vigile y ponga controles y el dinero recabado que se invierta en educación, salud, vivienda agua y en incentivar sectores económicos como el agrícola. Pero una inversión que, además de priorizada, esté libre de corrupción de manera que se fortalezca la capacidad recaudatoria del Gobierno, y ayude a reestablecer la confianza en el manejo de los fondos públicos.

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