La función periodística y sus conflictos en RD

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El periodismo es un oficio que se ejerce en un ambiente de permanente conflicto de intereses. La primera divergencia surge frente al medio de comunicación privado, que por ser empresa tiene como su principal función buscar -para los particulares que la poseen- el mayor beneficio posible al menor costo posible, mientras el periodista debe cumplir el rol de levantar, procesar y difundir informaciones que respondan a los intereses y las necesidades del colectivo. Es decir, en el ejercicio periodístico se debe trabajar la información desde el punto de vista de la colectividad, cuando la retribución  se recibe respondiendo a los afanes de lucro de particulares.

El cuadro de las contradicciones entre los intereses empresariales y la gestión de la información como bien público se complica si tomamos en cuenta la concentración de grandes medios. En el caso de República Dominicana solamente el Grupo Corripio posee unos 13 medios de comunicación en su amplia carpeta de empresas industriales, comerciales, de servicios y mediáticas.  Otros grupos como Vicini, Estrella-García y dirigentes del partido de gobierno también han asegurado su tajada en la administración de frecuencias de canales de radio y televisión (pronto se publicará un estudio detallado sobre este fenómeno).

Tenemos un país que se jacta de ser uno de los más informados de América Latina y el Caribe. Pero ocurre que el control de las mayores estructuras informativas nacionales está concentrado en muy pocas manos, que a la vez manejan los grandes negocios de la economía. La función real  que dan estos grupos a los medios de comunicación y a las plataformas periodísticas que poseen queda quizás declarada  en la célebre frase de un empresario criollo: “Los medios no me han dado riqueza; la riqueza me ha dado medios”.

Además, dentro de la misma empresa informativa la práctica periodística se enfrenta a los intereses de la publicidad, cuyos gestores de vez en cuando tratan de camuflarla de reportaje o noticia con el objetivo de alcanzar la credibilidad que el vestido de mercancía dificulta.

Desde departamentos o  agencias de relaciones públicas o comunicación estratégica también se acciona diariamente para que los intereses  de particulares (empresas, instituciones, organizaciones sin fines de lucro, grupos económicos…) aparezcan en la prensa, en la televisión, la radio o las plataformas digitales como si fueran trabajos periodísticos “objetivos”. Estos esfuerzos  suelen tener tan buenos resultados que gran parte del público, carente de los mecanismos de prevención necesarios, ni se entera cuando, por ejemplo, ve un reportaje “imparcial” sobre el contrato de la Barrick Gold donde solo hay publicidad diagramada y con firma de autor.

Por otro lado, la función primordial del periodismo -entendida por la Unesco como la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado- es objeto de insistentes ataques  desde las fuerzas políticas enquistadas en órganos del Estado, especialmente en la Presidencia de la República, donde el presupuesto de colocación de publicidad ( financiamiento de medios grandes, medianos y pequeños) crece de forma acelerada, sumando  más de RD$5 mil millones en los dos últimos años.  A este inmenso y monetario poder de influencia en los medios se le suma la destreza que han tenido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al colocar en diferentes plataformas informativas privadas de alcance nacional a militantes de sus filas que a diario se visten de periodistas, se presentan como periodistas, hablan o escriben como periodistas, pero desempeñan una función propagandística no declarada.

Estos y otros conflictos del periodismo son funcionales, y no éticos, porque desvirtúan el rol social del servicio informativo, porque violan el derecho que tiene la población a estar debidamente informada, y porque su regulación debe superar el plano de lo moral, por medio a  consecuencias legales claras.

Para superar estos y otros conflictos funcionales algunos países han creado marcos de protección de la práctica periodística  frente a los actores de poder que a diario tratan de provocar que la información publicada responda a sus negocios y proyectos y no a la necesidad de conocimiento que tiene la ciudadanía. En Europa está vigente desde hace décadas la llamada cláusula  conciencia, figura que permite a los periodistas hacer publicaciones según ordenen sus más profundas convicciones profesionales, sin importar cuál sea el parecer de los ejecutivos o patronos del medio. En la constitución dominicana del 2010 se crea la clausula de conciencia. Pero todavía no existe una ley adjetiva que la regule.

Otro recurso utilizado en la protección de las informaciones que necesita la ciudadanía para comprender y accionar en la realidad consiste en la prohibición de las concentraciones de medios de comunicación por parte de grupos empresariales (la alternativa podrían ser medios públicos y comunitarios autónomos). Es lo que comenzó a hacer Argentina mediante Ley de Medios (2009). Es lo que trata de hacer Ecuador desde el 2013 con la Ley de Comunicación. Fue uno de los temas de mayor preocupación del gobierno de Pepe Mujica, en Uruguay. Y es una de los proyectos pendientes de los ciudadanos y ciudadanas interesados en profundizar la democracia en República Dominicana. Y escribo ciudadanos porque, al ser favorecidos con el orden actual,  ni los partidos políticos mayoritarios ni  las grandes figuras de la clase periodística accionarían para modificar sustancialmente la estructura informativa que a diario traza la agenda del pueblo dominicano. La información es un asunto de poder, y, en democracia, el poder que no está bajo el control de la ciudadanía es cualquier cosa, menos democrático.

 

 

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Jhonatan Liriano

Ciudadano y periodista. Director de El Grillo. @jhonatanLiriano

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